Reseña

Publicado: noviembre 8, 2010 en CoRtes y Cambio Social



Por: Andrea Ramírez W.

En el libro “Cortes y Cambio social” de César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco, que, a pesar de que no toca profundamente el tema de el desplazamiento indígena en la capital colombiana, que es el tema que nos interesa, puesto que el texto hace énfasis en cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia, si toca el tema del desplazamiento forzado en sentido amplio y lo hace a través de la Corte Constitucional, de la legislación, analizando la sentencia T-025 de 2004.

Se hace uso de la sentencia T-025 de 2004, la cual es interpuesta por un gran numero de personas pertenecientes a la población desplazada, ésta acumula 108 expedientes que corresponden a 1150 núcleos familiares, cada uno conformado por al menos 4 personas. En ésta se analiza su aplicación y sus efectos para ilustrar el tema del desplazamiento indígena en Colombia. Esta sentencia, según el texto tratado, expone cuatro características principales.

En principio, el texto argumenta que ésta es una macrosentencia ya que beneficia a un gran porcentaje de la población desplazada (lo anteriormente dicho, el gran número de personas desplazadas quienes interpusieron esta tutela para que sus derechos sean garantizados), pretende resolver las violaciones de los derechos más graves (básicamente los fundamentales y los propios a los indígenas), involucra actores sociales y estatales, además de la ambición y duración del proceso de implementación de las órdenes del fallo, y al tratarse de una sentencia que abarca un contenido tan vasto, el alcance del fallo es particularmente amplio.

La segunda característica de la sentencia analizada es el intento más explicito y sistemático para asegurar la implementación de esta última. Es una sentencia que fue interpuesta en el 2004, es decir que la Corte Constitucional lleva seis años impulsando el cumplimiento del fallo, se han pronunciado 84 autos y 14 audiencias públicas, en aras de aumentar la protección de los derechos de la población desplazada.

La tercera característica son las órdenes dictadas por la Corte de tipo procedimental que involucran tanto a la sociedad civil como al Estado, buscando la elaboración y la aplicación de programas para enfrentar la crisis humanitaria del desplazamiento. Siendo ésta una decisión muy interesante puesto que lleva la contraria a lo que normalmente se haría, que sería fijar los detalles de las medidas que las autoridades públicas deben tomar para atender a los desplazados. Se involucra no sólo al Estado que es el responsable directo a responder por el desplazamiento en el país, sino que también se involucra a la sociedad, haciendo de este problema un problema de toda la población civil colombiana y no únicamente del Estado.

La cuarta y última característica es la discusión a nivel internacional de la sentencia, que ha obtenido un lugar prominente en el constitucionalismo comparado. Colombia es uno de los países con mayores índices y más graves violaciones de los derechos humanos, pero con sentencias y fallos como éstos, y la clara búsqueda de hacer cumplir y respetar los derechos de los desplazados, nuestro país es ahora un exportador neto de jurisprudencia constitucional.

El texto estudiado considera la existencia de tres argumentos centrales en la importancia de la sentencia, su aplicación y sus efectos.

En primer lugar encontramos la justificación de la intervención de los jueces en asuntos estructurales de políticas públicas.  Al igual que en muchos países del mundo, en Colombia pasa algo en relación con el activismo social, y es que éste invade las competencias de los funcionarios de las ramas ejecutiva y legislativa y en algunos casos los sistemas políticos de las democracias contemporáneas entran en un estancamiento estructural, frustrando así la realización de los derechos constitucionales. Es ahí cuando la intervención de los jueces es completamente justificada puesto que las Cortes son la instancia adecuada para desestancar el funcionamiento del Estado y promover la protección de los derechos. Y es lo que se hizo en nuestro país con la sentencia T-025 del 2004 ya que a través de ésta los jueces buscan romper el estancamiento burocrático que impedía prestar la atención básica a la población desplazada.

En segundo lugar tenemos el procedimiento adecuado que se debe llevar a cabo para la intervención de los jueces, la cual acaba de ser expuesta.  A fin de que el todo esté en orden, los jueces deben seguir un procedimiento requerido al intervenir en el caso. En la sentencia analizada a lo largo del texto se argumenta, en relación al procedimiento adecuado que se sigue en ella, a favor de órdenes y procedimientos que abrieron espacios participativos y deliberativos de implementación de fallos estructurales, involucrando así a todos los afectados y estableciendo plazos e incentivos para avanzar en la protección de los derechos que han sido vulnerados.

En tercer lugar encontramos los efectos que puede llegar a tener la intervención de los jueces en un caso. En el caso que hemos venido tratando con relación a la sentencia expuesta. Los efectos que ésta puede tener pueden ser de tipo material inmediato o de tipo simbólico y se dan dependiendo de si la aproximación que se le hace es teórica o metodológica respectivamente. El efecto que tiene la intervención del juez en la sentencia T-025 es, básicamente, la promoción de un debate público participativo sobre las violaciones de los derechos y las alternativas de soluciones para éstos.

Finalmente, se argumenta que hay una presencia de activismo social por parte de los jueces en esta sentencia porque ésta establece obligaciones más generales y procedimentales que otras sentencias. La sentencia T-025 del 2004 ordena principalmente la creación de un plan de acción, la realización de todos los esfuerzos posibles para conseguir el presupuesto requerido y la garantía del goce efectivo del contenido esencial de los derechos básicos de la población desplazada.

Vemos pues que el libro “Cortes y Cambio social” parcialmente analizado es un punto de partida y una excelente referencia constitucional en relación con el desplazamiento forzado indígena. Es importante resaltar el evidente esfuerzo hecho por parte de la Corte Constitucional durante los últimos años para hacer todo lo que se encuentra en sus manos para que los derechos de la población desplazada, no sólo de los indígenas, sino de la población desplazada en general, no sean vulnerados, sino por el contrario sean reconocidos y garantizados.

Bibliografía Consultada:

Rodríguez, C., & Rodríguez, D. (2010). CoRtes y Cambio Social. Bogotá: DeJusticia.

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